EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La defensa del abogado y escritor Ángel Lockward, imputado en el caso Calamar, confirmó lo contenido en el acta de acusación que ha devuelto voluntariamente a la Procuraduría General de la República RD$220,000,000.00 recibidos en honorarios por los casos que ganó en los tribunales y cuyos clientes fueron pagados por el Estado.
Indicó que Lockward “negocia un acuerdo con el Ministerio Público, sobre la base de que según ha establecido el PEPCA tuvo conocimiento del pago que hicieron clientes suyos de comisiones a sociedades de Fernando Crisostomos y eso contamina sus ingresos de esas fuentes que cubre con entregas en dinero y en bienes y porque traspasó una propiedad a Agustín Mejía”.
Añade que “empero, las únicas cesiones de crédito realizadas en sus oficinas fueron las que correspondían a sus honorarios, todas las de sociedades comerciales o empleados de Crisóstomo, fueron notariadas por el Abogado Notario Público, Rudy Nelson Frías, quien trabajaba para él y por los alguaciles que acostumbraba utilizar, según confirma el Escrito de Defensa depositado en el día de hoy por uno de sus abogados, el Dr. Nolberto Rondón”.
En un documento entregado a At Dominican, la defensa de Lockward confirmó “lo contenido en el acta de acusación en el sentido de que ha devuelto voluntariamente a la Procuraduría General de la República la suma de RD$220,000,000.00 millones recibidos en honorarios por los casos que ganó en los tribunales y cuyos clientes fueron pagados por el Estado porque se ha entendido que dichos pagos están contaminados y, ha entregado bienes inmuebles”.
Explica que en “relación con el manejo de dinero a través del sistema bancario de que habla la acusación, recordó que su cliente, solo en la amnistía fiscal conforme la Ley 46-20 pago al Estado RD$12 millones, de manera que es normal que manejara a través del sistema bancario sus fondos, pues lo contrario sería lo ilícito e incorrecto”.
Indica el escrito de defensa que “los bienes inmuebles que figuran en la acusación como comprados recientemente, se debe a un error, pues fueron adquiridos en los años 2005, 2008 y 2015 y si se lee en los títulos que contiene la acusación, se aprecia la fecha de compra”.
Sostiene que “estos han sido entregados para completar los acuerdos porque es la única forma en el sistema de justicia actual en que puede descongelar sus activos y, sobre todos los cuales ha pagado religiosamente sus impuestos y, que datan de más de 20 años”.
Dice que la barra de defensa le recomendó a Lockward “negociar porque es la única forma en que puede obtener el desbloqueo de las oposiciones que fruto del proceso pesan sobre sus clientes con sentencias obtenidas en esta Administración y que no han sido pagados y, él ha entendido como abogado, que les debe a sus clientes, la mayoría con una edad promedio de 85 años y la mayoría están enfermos, ese sacrificio puesto que de lo contrario serían arrastrados a un largo proceso cuyo fin no verían en vida, prolongando la injusticia de un Estado que les quita sus propiedades sin pagar y, luego le impone dificultades cuando la Justicia ordena el pago”.
En el documento se “pone como ejemplo, a la señora Eladia Reyes, de 90 años, ciega y una pierna amputada, quien reside en un patio en La Caleta, Boca Chica, mientras el Estado le desacata una sentencia de pago de su propiedad por RD$85,0 millones de pesos fallada en este Gobierno, igual que a Victoriano Mercedes, con la misma cantidad”.
También está la Sucesión de Rafael E. Aybar, caso ganado en esta Administración, contenido en la Ley General de Gastos Públicos del 2021 y en contra del que el PEPCA ha mantenido una oposición que solamente se destraba con el Acuerdo.
Agrega que 17 clientes de Lockward, de más de un centenar, “beneficiados con sentencias que ordenan el pago de sus tierras, por unos RD$3,000 millones, han muerto en la pobreza en el curso de los últimos dos años sin haber recibido el pago del actual Gobierno, desacatos que constituyen la mayor de las injusticias”.
Establece el Escrito de Defensa que la oficina de Lockward intervino en menos del 30 % de los casos investigados y, en casi todos, llevó un proceso ante la jurisdicción contenciosa y obtuvo ganancia de causa mediante sentencias irrevocables.
Expresó que “hay mención en casos como el de Alessandro De Pola, el mayor de todos, en que Lockward sólo no participó, sino que le hicieron una consulta y recomendó a Fernando Crisóstomo que ese caso no se debía pagar, empero no obstante la doctora Belkis Tejada elaboró el contrato y se pagó casi RD$4,000 millones, no obstante haber trabadas oposiciones y existir litis penales que eran de su conocimiento”.
Indica que en lo relativo a la “Sucesión LAJAM que menciona la acusación, se trató de la Sucesión de ELIAS ATALLAH propietaria de la mitad de los terrenos expropiados en que participó como abogado junto a otros y a la diputada Rafaela Alburquerque (Lila), obteniendo una sentencia definitiva, sin queja de nadie”.
Sobre el caso del doctor Merido Torres, el abogado indicó que la “oficina de Lockward llevó durante años un proceso de los Sucesores Reyes en la Parcela 613, D. C. 32, del Aeropuerto de Las Américas y, que en curso del proceso uno de los herederos murió y varios de sus hijos apoderaron al Dr. Torres y, por ese motivo aparecen ambos en el libramiento de pago, cada uno representando a sus clientes”.
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