Cámara de Diputados. (Fuente externa)
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Diputados de distintas bancadas políticas reaccionaron este miércoles al llamado de la Dirección General de Contrataciones (DGCP) de que los nuevos legisladores que son empresarios y que resultaron electos en los pasados comicios deben solicitar de manera voluntaria la suspensión de su Registro de Proveedores del Estado (RPE).
En ese sentido, algunos parlamentarios manifestaron que eso es algo que está establecido en la ley y lo que se debe hacer es cumplir con la misma, mientras otros consideraron qué hay que buscar una salida para aquellos que tienen empresas y que brindan servicios y beneficios a la sociedad.
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Sócrates Pérez, señaló que esto no se trata de hacer de manera voluntaria porque es algo que está contemplado en la Ley 340-06.
“Cuando yo salí electo y a pocos días me llegó una comunicación retirándome como proveedor del Estado de la empresa que tengo”, subrayó Pérez.
En tanto que la diputada también del PLD Rudy Méndez, arremetió contra el director de la DGCP Carlos Pimentel, señalando que este no tiene calidad moral para hacer dicha exhortación.
“El primer charlatán y bandido es él, él era un tipo de la marcha verde que se supone eran muy moralistas y querían el bienestar del país, eso hicieron creer pero lo que querían era una posición política donde puedan sacar lo que le interesa”, declaró la legisladora.
Mientras, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Eugenio Cedeño, expresó que debe buscársele una salida a este tema aquellos que tienen empresas y que brindan servicios y beneficios a la sociedad desde antes de ocupar un cargo electivo.
“Ese es un tema un poco complejo, habría que ver hasta qué punto yo que tengo una empresa dedicada a la venta de pollo y que el Estado me compra para los comedores económicos y que ahora por el hecho de ser legislador deje de comprarme, eso hay que revisarlo”, añadió el representante de la provincia La Romana.
Compras y Contrataciones precisó que, según lo que establece el artículo 14 de la Ley 340-06, los diputados y senadores no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
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