Estas sentencias deben suscitar profundas reflexiones, pero no para politizarlas y cuestionarlas a priori, sino para aplicar los protocolos establecidos, de modo de preservar tanto los derechos de los pacientes, como la seguridad y tranquilidad del personal de salud y de los hospitales y clínicas.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenó al Hospital Ney Arias Lora al pago de una indemnización de 10 millones de pesos a favor del paciente Félix Julián Encarnación, víctima de la infección de una bacteria que obligó a amputarle la pierna en el 2018.
De inmediato, el Dr. Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS) señaló que dicha sentencia crea un precedente peligroso. Y que de ahora en adelante los médicos tendrán que cuidarse más, lo que encarecerá los costos, cambiando la dinámica hospitalaria.
El doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), la calificó como «muy preocupante, delicada y digna de análisis». Y advirtió que, de continuar por este peligroso camino, se podría llegar a extremismos donde muchos médicos y centros de salud se alejen del ejercicio médico.
El doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas (Andeclip), solicitó que sea apelada al Tribunal Constitucional. Detrás de esa decisión hay «intereses políticos» para que desaparezcan las clínicas privadas y el capital financiero se beneficie.
Un poco más comedido, el doctor Leonardo Andújar Záiter, médico-abogado, consideró que la sentencia evidencia las debilidades del sistema de justicia y salud dominicanos. Propuso crear una jurisdicción especial y revisar el sistema para que los profesionales de la salud y centros asistenciales ofrezcan servicios sin temor a ser demandados.
Como podrán advertir, ninguno de estos líderes lamentó el caso del señor Feliz Julián y están muy preocupados porque se ha hecho justicia a favor de un paciente, víctima de un descuido y de una mala praxis. Se trata de un enfoque unilateral que oculta las causas de estos problemas.
El periódico HOY de ayer informó de dos nuevas condenas a la Clínica Corazones Unidos por cerca de 7 millones de pesos, por negligencias médicas comprobadas a dos pacientes. A una le dejaron una gasa en el pecho cerca del corazón durante una operación, debiendo ser operada en EEUU, y a la otra le causaron daños permanentes en su visión.
Cumplir con los protocolos de atención para evitar las demandas judiciales
Vale la pena preguntarnos, ¿cuándo se van a respetar los derechos de los afiliados a la vida y a su seguridad y bienestar? ¿Por qué cuestionar a una justicia incierta, precisamente cuando dicta una sentencia a favor de los más pobres? ¿Dónde están los responsables de los cerca de 40 niños muertos en la maternidad de los Mina y de cientos de casos más?
¿Hasta cuándo el país seguirá justificando tantas desigualdades e injusticias? ¿Por qué mejor no demandamos el cumplimiento estricto de los protocolos de atención para evitar las malas prácticas? NO, a la politización de las sentencias judiciales. SI, al cumplimiento del debido proceso.
De acuerdo a las leyes, se incurre en mala práctica médica cuando el paciente sufre daños de consideración a su estado de salud y a su vida, a causa del incumplimiento de los protocolos de atención. No se juzga si el paciente se curó o no, tampoco si sobrevivió, sino si se cumplió con el protocolo establecido por Salud Pública.
Aquí la mala práctica médica es bastante común, ya que un ex ministro de Salud Pública reconoció públicamente que en más del 60% de los casos los profesionales de la salud no cumplen el protocolo, lo que constituye una falta de respeto al derecho de los pacientes, y una violación de la Ley 42-01 y de la ética profesional.
Claro que existe el riesgo de que abogados inescrupulosos abusen de estos recursos, pero eso no puede justificar la impunidad frente a la mala praxis. Es necesario encontrar un equilibrio, para evitar excesos de judicialización, pero también para evitar descuidos a costa de la integridad y de la vida de los pacientes.
Estas sentencias deben suscitar profundas reflexiones, pero no para politizarlas y cuestionarlas a priori, sino para revisar los procesos y cumplir con los protocolos establecidos, para preservar tanto los derechos de los pacientes, como la seguridad y tranquilidad del personal de salud y de los hospitales y clínicas.
Por: Arismendi Díaz Santana