TSA aplaza juicio de fondo sobre decreto que vulnera derechos de importadores de vehículos usados – At Dominican (República Dominicana)



Representantes de Asocivu. (Foto: Napoleón Marte)

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos, Presidencia de la República y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, solicitó un aplazamiento para tomar conocimiento de los documentos y acciones relizadas por la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu).

El juez Diomede Villalona, presidente del Tribunal Superior Administrativo, advirtió que se conocería el fondo de la medida cautelar el próximo viernes 17 de mayo 2024, indicando que cualquier documento que las instituciones del estado tengan que depositar, lo hagan en un plazo de 5 días a partir del lunes 6 de mayo 2024.

Asocivu explicó que presentó dos acciones judiciales contra el Decreto 420-23 a mediados de abril, solicitando su suspensión provisional y la nulidad total. Estas acciones se dirigieron contra la Administración Pública y la Dirección General de Impuestos Internos, alegando que el decreto vulnera los derechos de los importadores de vehículos usados.
Dijo que el conflicto se originó en la supuesta falta de respuesta por parte de las autoridades estatales a las observaciones y comentarios realizados por Asocivu, Anadive y Adeci durante el proceso de consulta del borrador del reglamento.

A pesar de las promesas de estudio y reconsideración por parte del equipo técnico de la DGII, el Decreto 420-23 fue publicado casi un año después sin haber abordado adecuadamente las preocupaciones planteadas por las asociaciones de importadores.
Asocivu afirmó que sostuvo reuniones con funcionarios de alto nivel, incluyendo al presidente de la República, Luis Abinader, en un intento por modificar el contenido del decreto.

Ante la aparente falta de avances en las negociaciones, Asocivu espera que las acciones judiciales brinden certeza, equidad y justicia al sector de importadores de vehículos usados, en línea con los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad ante la ley en la República Dominicana.

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